EXPLICACION DE LA CRISIS ECONOMICA

CHAPLIN Y LA CRISIS ECONÓMICA

Congreso PSOE La hora de los pasillos

Es curioso ver como después de la votación de Zapatero y el correspondiente discurso, la actividad se centra en hacer pasillos. Aunque parece que la cosa está más o menos cerrada ya que está claro la composición de los tres primeros puestos en la nueva ejecutiva del PSOE (Zapateror, Balnco, Pajín). Destaca la cohesión y tranquilidad de los delegados del PSC que se mueven con tranquilidad y armonía (Iceta, Dani Fernández, Corbacho). Por otro lado, me ha sorprendido mucho el sistema de elección, primero se elige el Secretario General y luego se elige a la Ejecutiva. Creo que este sistema favorece el presidencialismo.

Entre los rumores de pasillo está que deja la ejecutiva la Secretaria de Medioambiente, que una persona desconocida ocupará la secretaria de igualdad, que la representación andaluza será numerosa y que de Catalunya estarán Carme Chacón y Miquel Iceta. También suena la incorporación Bernarda Jiménez, mujer de origen dominicano. No sé si se confirmaran los rumores, pero estos rumores son................. Mañana lo sabremos.

Congreso PSOE (día 2)

El congreso funciona a diferentes niveles, por un lado está los principales líderes que se dedican a convinar sus apariciones públicas para saludar a los delegados con muchas sesiones de despacho con el objetivo de cerrar la composición de la nueva dirección federal. Por otro lado los delegados "currantes" están discutiendo las emmiendas en las diferentes comisiones (aquí no podemos entrar) y fuera hay un estant donde se hacen dscusiones públicas (abiertas). Aquí es donde la Vicepresidenta del Gobierno nos anuncia la disposición de estudiar cambios en la legislación del aborto. La iniciativa es interesante pero tendremos que ver como se concreta en la ponencia y, posteriormente, como si se incluyen en la agenda política del gobierno.

1er Día en el Congreso de PSOE

Cuando empecé esta andadura del Blog no pensaba que me daría la posibilidad de vivir en primera persona el Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Para un politólogo como yo y una persona de Izquierdas es una oportunidad ver por dentro como funcionan los mecanismos de tomas de decisiones de el principal partido del panorama Español. Este primer día ha sido de contacto y de encontrarme con los compañeros de la asociación con los que he estado cenando. Igualmente no quiero dejar pasar este primer post para comentar que la posibilidad del voto de los inmigrantes es un tema que tendremos que seguir para ver como se concreta ya que es un paso adelante en el sentido de extender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que, como nosotros, pagan sus impuestos y ayudan al enriquecimiento de la sociedad y, por tanto, tienen que tener la oportunidad de participar de una forma normalizada en la vida política de la comunidad y, principalmente, en la vida local.

Informe sobre Catalunya (Greenpeace)

Según Greenpecade, el 46,5% de los 700 quilómetros de costa catalana están urbanizados. Este es el índice más alto de urbanización de todo el litoral español.

El crecimiento de la superficie artificial en Cataluña se concentra en el litoral como consecuencia del aumento de la construcción de viviendas residenciales y turísticas. También destaca el aumento de las superficies dedicadas a la práctica deportiva y recreativa, superior al 160% en la
última década, así como el crecimiento de un 57,8% experimentado por las superficies ocupadas por autopistas y autovías.

También nos citan los diez puntos que consideran negros o más preocupantes :

1. Girona. L’Estartit, Empuriabrava, Port d’Aro y Palamós.
Nuevos amarres deportivos.
2. Barcelona. Desembocadura del Besós.
Contaminación industrial severa.
3. Barcelona. Playas urbanas.
Construcción de diques en las playas.
4. Delta del Llobregat.
Degradación ambiental severa.
5. Torredembarra. Els Muntanyans II.
Urbanización en zona inundable.
6. Tarragona y Vila-Seca.
Polígonos químicos. Contaminación industrial severa.
7. Salou.
Corrupción urbanística.
8. L’Ametlla de Mar. Punta de Bon Capó.
Urbanización en la franja de 500 m de línea de costa.
9. Deltebre.
Urbanización excesiva.
10. Delta del Ebro.
Contaminación industrial y orgánica severa.
Si queréis más información:

http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/destrucci-n-a-toda-costa-en-ca.pdf

Mariano y los Radicales

Hoy hemos podido ver con asombro como las iras de los radicales, que durante cuatro años se han centrado en Zapatero, se cebaban con Rajoy. La cosa no es tan fácil Mariano y tu sabes que el enemigo está dentro como bien decía Churchil (aquí mi leal oposición y aquí mis enemigos). Recuerdo cuando te designaron como candidato por aquellos que ahora piden tu renuncia, la reacción del resto de fuerzas políticas fue de satisfacción porque una persona tolerante y dialogante se hacía cargo del PP, recuerdo palabras muy positivas de Arzallus. No obstante, el tacticismo político te llevó a confiar en tus verdaderos enemigos durante la pasada legislatura, supongo que la cosa era complicada, pero en algunos casos has tenido que abandonar tus posiciones moderadas para contentar a los radicales que ahora te empujan al abismo.

Todos sabemos de la necesidad de un partido fuerte de centro-derecha que garantice la alternancia en el poder, pero igual para ello tienes que renunciar a esa extrema-derecha que aún está presente en tu partido y que, creo firmemente, necesita una visibilidad fuera del Partido Popular.

Creo sinceramente que tienes que ganar esta batalla, no sólo des del punto de vista egoísta porque este cristo beneficia a la izquierda, sino porque hay que centrar al Partido Popular pero no sólo en la forma, sino en el fondo y dejar a los radicales que hagan la suya en otros foros que seguro que no les faltan.

Ánimo en esta lucha, pero espero que te sirva de lección porque son los mismos que han salido a la calle y a los que tu has puesto la voz en el congreso con barbaridades tan grandes como que se había olvidados y menospreciado a las víctimas, y ahora se vuelven en contra. Pero no quiero ser rencoroso, si ganas la lucha el beneficio será muy superior para la democracia que el triste poso de la legislatura pasada.

El alcohol y las drogas estuvieron presentes en un 40% de los accidentes mortales. (para reflexionar)

El Servei Català de Trànsit (SCT), Josep Pérez Moya, explicó hoy que en el 40% de los accidentes mortales ocurridos esta Semana Santa el alcohol y las drogas estuvieron presentes, por lo que "el componente humano fue determinante".

De los diez accidentes mortales ocurridos entre el viernes 14 y el lunes 24, tres conductores dieron positivo a la prueba de alcoholemia y uno al test de drogas.

Pérez Moya valoró las cifras de siniestralidad de forma "muy negativa" porque, aunque ha habido menos accidentes que el año anterior --uno menos--, han sido "más graves". Estos días festivos murieron en las carreteras catalanas 13 personas, una más que en 2007.

El director del SCT señaló que los accidentes fueron seis choques, tres salidas de vía y una embestida. En el caso de los choques frontales, uno de los dos vehículos invadió el sentido contrario, por lo que "alguien se equivocó". Asimismo, las salidas de vía van asociadas a una distracción, remarcó Pérez Moya.

No obstante, hizo hincapié en la tendencia a la baja de la siniestralidad este marzo, en el que han muerto 23 personas, lo que supone una reducción del 24% respecto a las cifras del mismo mes del año pasado, cuando hubo 42 muertos, con la Semana Santa incluida.

Para Pérez Moya, el conductor debe asumir que "conducir es un riesgo" y tener actitudes responsables, aunque dijo no querer culpabilizarlos. Lo importante es trabajar en educación vial a largo plazo, incrementando las campañas de sensibilización y los controles preventivos.
Puso como ejemplo del funcionamiento de los controles policiales, que se incrementaron durante el dispositivo especial de Semana Santa, que en la carretera N-340, una punto negro histórico, no se ha producido ningún accidente mortal, aunque matizó que "no se puede controlar cada kilómetro de la red viaria".

Confió en que la reforma del Código Penal, que endurece las penas por delitos de tráfico graves, tenga una repercusión en el descenso de la siniestralidad vinculada al alcohol, algo que, no obstante, "se verá más adelante".

También aconsejó a los acompañantes que se negaran a subir a un coche cuando su conductor ha bebido, e instó a los usuarios de las vías y al resto de la sociedad a "asumir que socialmente hay un problema". Por otra parte, insistió en que las personas adictas a la bebida deben recibir tratamiento.

Pérez Moya recalcó que la tendencia de Catalunya desde el año 2000 ha sido de un descenso de la siniestralidad viaria del 46%, muy cerca del objetivo para el 2010 fijado por la Unión Europea, de que descienda en un 50%.

VICTORIA DE LA DEMOCRACIA

Es justo decir que la gran ganadora de las elecciones ha sido la participación y es de salud democrática disfrutar de un bajo nivel de abstención.

También tenemos que decir que el Partido Socialista ha sido el justo ganador de las elecciones y por tanto un gobierno progresista dirigirá la política española en los próximos 4 años.

No obstante y, sin ánimo de ser agorero, realizaré unas consideraciones:

- El Partido Popular agunta y aumenta su apoyo popular, la política de acoso y derribo no ha dado todo el resultado que ellos querrían pero tampoco podemos decir que les haya perjudicado.

- Tenemos que reflexionar sobre la representación que tiene el tercer partido en número de votos (IU-IC) que una vez más se ve perjudicada por la circumscripción electoral (ya hablaré en otro post, pero sólo ampliando la circumscripción a la Comunidad Autónoma salvaríamos esta situación y sería más coherente con la realidad organizativa del Estado).

- Habrá que ver la evolución del "govern d'entesa" en Catalunya ya que los socios del PSC y en especial ERC no han tenido unos grandes resultados electorales y es obvio que el "socio necesario" del PSOE (CIU) pondrá muchas dificultades como así lo ha publicitado.

CARTA EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD

Dirigida a los hombres y las mujeres de la ciudad
¿Por qué, en el umbral del siglo XXI, una Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad? La Declaración de Derechos Humanos (1948) es universal. ¿No ha sido reforzada y completada por otros muchos compromisos que hacían hincapié en la protección de ciertos derechos de distinto alcance?. La Convención Europea (1950) ofrece lo que llamamos una garantía jurisdiccional. Y, sin embargo, existen muchos derechos que no son todavía "efectivos" y a los ciudadanos y ciudadanas les cuesta orientarse en el laberinto de los procedimientos administrativos y jurídicos.
¿Cómo garantizar mejor? ¿Cómo actuar mejor? ¿Cómo asegurar mejor las condiciones públicas para la felicidad privada de cada uno?
Aquí es donde surge la Ciudad.Porque, en todas partes donde los habitantes de las áreas rurales prosiguen su largo camino hacia las ciudades y donde éstas acogen un gran número de ciudadanos y ciudadanas de paso, pero también y sobre todo, extranjeros en busca de libertad, trabajo e intercambio de los conocimientos, la ciudad se ha convertido en el futuro del ser humano.La ciudad es hoy el espacio de todos los encuentros y, por lo tanto, de todas las posibilidades. Asimismo es el terreno de todas las contradicciones y de todos los peligros: en el espacio urbano de fronteras inciertas aparecen todas las discriminaciones ancladas en el paro, la pobreza, el desprecio de las diferencias culturales, mientras que, al mismo tiempo, se esbozan y se multiplican prácticas cívicas y sociales de solidaridad.La vida en la ciudad impone hoy en día la obligación de precisar mejor ciertos derechos porque vivimos en ella, buscamos trabajo, nos desplazamos. Nos impone también el reconocimiento de nuevos derechos: el respeto por el medio ambiente, la garantía de una alimentación sana, de la tranquilidad, de las posibilidades de intercambio y de ocio, etc.Por último, frente a la crisis que azota la democracia delegada en el ámbito de los Estados nacionales y frente a la inquietud que suscitan las burocracias europeas, la ciudad surge como el recurso de un nuevo espacio político y social.Aquí es donde se abren las condiciones para una democracia de proximidad. Se presenta la ocasión para que todos los ciudadanos y ciudadanas participen en la ciudadanía: una ciudadanía de la ciudad. Si cada derecho definido pertenece a cada uno, cada ciudadano, libre y solidario, debe garantizarlo también a los demás.El compromiso que adoptamos aquí se dirige a mujeres y hombres de nuestro tiempo. No pretende ser exhaustivo y su alcance dependerá de cómo los habitantes de la ciudad lo harán suyo. Se presenta como un marco de respuesta a las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas que las ciudades escenifican y revelan. Esta Carta se situará para ellos, al igual que para quienes les gobiernan, en el nivel de subsidiariedad que es el de la ciudad, conjunto de puntos de apoyo para reivindicar sus derechos, reconocer violaciones eventuales y ponerles fin.Estos puntos de apoyo son ofrecidos como otras tantas oportunidades para superar las dificultades y conciliar las lógicas a veces contradictorias que están implantadas en la propia vida de la ciudad.Una voluntad: integrar el vínculo social, de forma duradera, en el espacio público.Un principio: la igualdad.Un objetivo: el incremento de la conciencia política de todos sus habitantes.Las ciudades abajo firmantes:Reconociendo que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea y los demás instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, se aplican a los habitantes de las ciudades como a cualquier otra persona.Recordando que los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes, que todos los poderes públicos son responsables de su garantía, pero que su reconocimiento y los mecanismos que permiten su aplicación y su protección son todavía insuficientes, muy especialmente en lo que se refiere a los derechos sociales, económicos y culturales.Persuadidas de que la buena administración de las ciudades exige el respeto y la garantía de los Derechos Humanos para todos los habitantes sin exclusión en aras de promover los valores de cohesión social y de protección de los más vulnerables;Convencidas, por estos motivos de la necesidad de una Carta Europea de los Derechos Humanos en las Ciudades que proclame solemnemente y de forma comprensible las libertades públicas y los derechos fundamentales reconocidos a los habitantes de las ciudades y el compromiso de las autoridades municipales a garantizarlos en el respeto de las competencias y de los poderes legalmente detentados, según los términos de sus legislaciones nacionales respectivas.Inspiradas en los valores de respeto de la dignidad del ser humano, de la democracia local y del derecho a una existencia que permita mejorar el bienestar y la calidad de vida de todas y todos.Adoptando los postulados de la Carta Europea de Autonomía Local, que promueve hacer la administración municipal más eficaz y más próxima al ciudadano, y siguiendo las recomendaciones del Compromiso de Barcelona, firmado el 17 de octubre de 1998 por las ciudades participantes en la Conferencia Europea de las Ciudades por los Derechos Humanos, de mejorar el espacio público colectivo para todos los ciudadanos sin distinción de ninguna clase, han decidido, de común acuerdo, asumir los compromisos siguientes:

PARTE I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. I - DERECHO A LA CIUDAD1. La ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad.2. Las autoridades municipales fomentan, por todos los medios de que disponen, el respeto de la dignidad de todos y la calidad de vida de sus habitantes.
Art. II - PRINCIPIO DE IGUALDAD DE DERECHOS Y DE NO DISCRIMINACIÓN1. Los derechos enunciados en esta Carta se reconocen a todas las personas que viven en las ciudades signatarias, independientemente de su nacionalidad.2. Dichos derechos son garantizados por las autoridades municipales, sin discriminación alguna debida al color, la edad, el sexo o la opción sexual, la lengua, la religión, la opinión política, el origen nacional o social, o el nivel de ingresos.
Art. III - DERECHO A LA LIBERTAD CULTURAL, LINGÜÍSTICA Y RELIGIOSA1. Se reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a ejercer y desarrollar la libertad cultural.2. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ejercer su libertad lingüística y religiosa. Las autoridades municipales, en colaboración con las demás administraciones, actúan de modo que los niños y niñas pertenecientes a grupos lingüísticos minoritarios puedan estudiar su lengua materna.3. La libertad de conciencia y de religión individual y colectiva queda garantizada por las autoridades municipales a todos los ciudadanos y ciudadanas. Dentro de los límites de su legislación nacional, las autoridades municipales ejecutan todo lo necesario para asegurar dicho derecho velando por evitar la creación de guetos.4. En su respeto por el laicismo, las ciudades favorecen la tolerancia mutua entre creyentes y no creyentes, así como entre las distintas religiones.5. Las autoridades municipales cultivan la historia de su población y respetan la memoria de los difuntos, asegurando el respeto y la dignidad de los cementerios.
Art. IV - PROTECCIÓN DE LOS COLECTIVOS Y CIUDADANOS MÁS VULNERABLES1. Los colectivos y ciudadanos y ciudadanas más vulnerables tienen derecho a gozar de medidas específicas de protección.2. Las personas discapacitadas son objeto de una asistencia municipal específica. Las viviendas, los lugares de trabajo y de ocio deben estar adaptados para ellas. Los transportes públicos deben ser accesibles a todos.3. Las ciudades signatarias adoptan políticas activas de apoyo a la población más vulnerable garantizando a cada uno el derecho de ciudadanía.4. Las ciudades adoptan todas las medidas necesarias para facilitar la integración de todos los ciudadanos y ciudadanas cualquiera que sea la razón de su vulnerabilidad evitando los reagrupamientos discriminatorios.
Art. V - DEBER DE SOLIDARIDAD1. La comunidad local está unida por un deber de solidaridad recíproca. Las autoridades locales participan en dicho deber promoviendo el desarrollo y la calidad de los servicios públicos.2. Las autoridades municipales promueven la creación de redes y asociaciones de solidaridad entre los ciudadanos y ciudadanas, y controlarán la buena ejecución de los deberes públicos.
Art. VI - COOPERACIÓN MUNICIPAL INTERNACIONAL1. Las ciudades alientan el conocimiento mutuo de los pueblos y de sus culturas.2. Las ciudades signatarias se comprometen a cooperar con las colectividades locales de los países en vías de desarrollo en los sectores del equipamiento urbano, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y la cultura, y a implicar el mayor número de ciudadanos y ciudadanas.3. Las ciudades instan particularmente a los actores económicos a participar en programas de cooperación y a hacer que toda la población se asocie a ellos, con el fin de desarrollar un sentimiento de solidaridad y de plena igualdad entre los pueblos que vaya más allá de las fronteras urbanas y nacionales.
Art. VII - PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD1. El principio de subsidiariedad que rige el reparto de competencias entre el Estado, las Regiones y las Ciudades, debe ser acordado permanentemente para evitar que el Estado central y las demás Administraciones competentes no se descarguen de sus propias responsabilidades en las ciudades.2. Dicha concertación tiene como objetivo garantizar que los servicios públicos dependan del nivel administrativo más cercano a la población para lograr su mayor eficacia.

PARTE II
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE LA CIUDADANÍA LOCAL
Art. VIII - DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en la vida política local mediante la elección libre y democrática de los representantes locales.2. Las ciudades signatarias promueven la extensión el derecho de sufragio activo y pasivo en el ámbito municipal a todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad no nacionales, después de un período de dos años de residencia en la ciudad.3. Fuera de las elecciones que se celebran periódicamente para renovar las instancias municipales, se fomenta la participación democrática. Con este fin, los ciudadanos y ciudadanas y sus asociaciones pueden acceder a los debates públicos, interpelar a las autoridades municipales sobre los desafíos que afectan al interés de la colectividad local y expresar sus opiniones, ya sea de forma directa mediante "referéndum municipal", ya sea a través de las reuniones públicas y de la acción popular.4. Las ciudades, para salvaguardar el principio de transparencia y de acuerdo con la ordenación legislativa de los distintos países, organizan el sistema de gobierno y la estructura administrativa de forma que haga efectiva la responsabilidad de sus gobernantes ante los ciudadanos y ciudadanas, así como la responsabilidad de la administración municipal ante los órganos de gobierno.
Art. IX - DERECHO DE ASOCIACIÓN, DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN1. Se garantizan a todos los ciudadanos y ciudadanas los derechos de asociación, reunión y manifestación.2. Las administraciones locales fomentan la vida asociativa como expresión de la ciudadanía, en el respeto de su autonomía.3. La ciudad ofrece espacios públicos para la organización de reuniones abiertas y encuentros informales. Asegura el libre acceso de todos a dichos espacios en el respeto de las normas.
Art. X - PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR1. La ciudad protege el derecho a la vida privada y familiar y reconoce que el respeto a las familias, en la diversidad de sus formas actuales, es un elemento esencial de la democracia local.2. La familia desde su formación, y sin intervenciones en su vida interna, disfruta de la protección de las autoridades municipales y de facilidades, en particular en el acceso a la vivienda. Las familias más necesitadas disponen a tal fin de incentivos financieros, y de estructuras y servicios para la asistencia a la infancia y a la vejez.3. Las autoridades municipales desarrollan políticas activas para velar por la integridad física de los miembros de las familias y fomentan la desaparición de los malos tratos en su seno.4. En el respeto de la libertad de elección en los ámbitos educativo, religioso, cultural y político, las autoridades locales adoptan todas las medidas necesarias para proteger la infancia y la juventud y fomentar la educación sobre bases de democracia, tolerancia y la posibilidad de plena participación en la vida de la ciudad.5. Las autoridades locales crean las condiciones para que los niños y niñas puedan disfrutar de la infancia.
Art. XI - DERECHO A LA INFORMACIÓN1. Se reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a ser informados sobre todo lo relativo a la vida social, económica, cultural y administrativa local. Los únicos límites son el respeto a la intimidad de las personas, y la protección de la infancia y la juventud.2. Las autoridades municipales garantizan los medios para que la circulación de la información que afecte a la población sea accesible, eficaz y transparente. Para ello, impulsan el aprendizaje de tecnologías informáticas, su acceso y su actualización periódica.

PARTE III
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES DE PROXIMIDAD
Art. XII - DERECHO GENERAL A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN SOCIAL1. Las ciudades signatarias consideran las políticas sociales como parte decisiva de las políticas de protección de los Derechos Humanos y se comprometen a garantizarlos en el marco de sus competencias.2. Se reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder libremente a los servicios municipales de interés general. Para ello, las ciudades signatarias se oponen a la comercialización de los servicios personales de ayuda social y velan para que existan servicios fundamentales de calidad a precios aceptables en otros sectores de los servicios públicos.3. Las ciudades signatarias se comprometen a desarrollar políticas sociales, especialmente destinadas a los más desfavorecidos, como forma de rechazo a la exclusión y en la consecución de la dignidad humana y de la igualdad.
Art. XIII - DERECHO A LA EDUCACIÓN1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la educación. Las autoridades municipales facilitan el acceso a la educación elemental de los niños y niñas y de los jóvenes en edad escolar. Fomentan la formación de las personas adultas, en un marco de proximidad y de respeto de los valores democráticos.2. Las ciudades contribuyen a poner a disposición de todos los espacios y los centros escolares, educativos y culturales, en un contexto multicultural y de cohesión social.3. Las autoridades municipales contribuyen a aumentar el nivel de ciudadanía mediante pedagogías educativas, en especial en lo que se refiere a la lucha contra el sexismo, el racismo, la xenofobia y la discriminación, implantando principios de convivencia y hospitalidad.
Art. XIV - DERECHO AL TRABAJO1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a disponer de recursos suficientes, mediante un empleo digno que garantice la calidad de vida.2. Las autoridades municipales contribuyen, en la medida de sus posibilidades, a alcanzar el pleno empleo. Para hacer efectivo el derecho al trabajo, las ciudades signatarias favorecen el equilibrio entre la oferta y la demanda laboral, y fomentan la puesta al día y el reciclaje de los trabajadores a través de la formación continua. Desarrollan actividades accesibles a las personas en paro.3. Las ciudades signatarias se comprometen a no firmar ningún contrato municipal que no incorpore una cláusula de rechazo al trabajo ilegal, tanto si se trata de trabajadores nacionales como de extranjeros, de personas en situación regular como irregular respecto a las leyes nacionales, así como cláusulas que rechacen el trabajo infantil.4. Las autoridades municipales desarrollan, en colaboración con las demás instituciones públicas y las empresas, mecanismos para garantizar la igualdad de todas las personas en el trabajo, para impedir toda discriminación por motivos de nacionalidad, sexo, opción sexual, edad o discapacitación en materia de salario, de condiciones laborales, de derecho de participación, de promoción profesional y protección contra el despido. Fomentan la igualdad de acceso de las mujeres al trabajo mediante la creación de guarderías y mediante otras medidas, y el de las personas discapacitadas mediante la implantación de equipamientos apropiados.5. Las autoridades municipales fomentan la creación de empleos protegidos para las personas que necesitan reinsertarse en la vida profesional. En particular, las autoridades municipales favorecen la creación de empleos relacionados con los nuevos yacimientos de empleo y con las actividades que tienen un beneficio social: servicios a las personas, medioambiente, prevención social y educación de personas adultas.
Art. XV - DERECHO A LA CULTURA1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la cultura en todas sus expresiones, manifestaciones y modalidades.2. Las autoridades locales, en cooperación con las asociaciones culturales y el sector privado, fomentan el desarrollo de la vida cultural urbana en el respeto a la diversidad. Se ponen a disposición de los ciudadanos y ciudadanas espacios públicos para actividades culturales y sociales en condiciones de igualdad para todos.
Art. XVI - DERECHO A LA VIVIENDA1. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a una vivienda digna, segura y salubre.2. Las autoridades municipales velan por la existencia de una oferta adecuada de vivienda y equipamientos de barrio para todos sus ciudadanos y ciudadanas, sin distinción por razón del nivel de ingresos. Dichos equipamientos deben comprender estructuras de acogida para los sin techo que garanticen su seguridad y su dignidad, y estructuras para las mujeres víctimas de la violencia, en particular de la violencia doméstica, malos tratos, y para las que intentan salir de la prostitución.3. Las autoridades municipales garantizan el derecho de los nómadas a permanecer en la ciudad en condiciones compatibles con la dignidad humana.
Art. XVII - DERECHO A LA SALUD1. Las autoridades municipales favorecen el acceso igual para todos los ciudadanos y ciudadanas a la atención y prevención sanitaria.2. Las ciudades signatarias mediante sus acciones en los sectores económico, cultural, social y urbanístico contribuyen de manera global a promover la salud para todos sus habitantes con su participación activa.
Art. XVIII - DERECHO AL MEDIO AMBIENTE1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un medio ambiente sano que busque la compatibilidad entre el desarrollo económico y el equilibrio medioambiental.2. Para ello, las autoridades municipales adoptan, sobre la base del principio de precaución, políticas de prevención de la contaminación, incluyendo la contaminación acústica, de ahorro de energía, gestión, reciclaje, reutilización y recuperación de los residuos; amplían y protegen los espacios verdes de las ciudades.3. La autoridades municipales ponen en práctica todas las acciones necesarias para que los ciudadanos aprecien, sin degradarlo, el paisaje que rodea y configura la ciudad y para que sean consultados sobre las modificaciones que puedan alterarlo.4. Las autoridades municipales desarrollan una educación específicamente orientada al respeto de la naturaleza, en particular dirigida a la infancia.
Art. XIX - DERECHO A UN URBANISMO ARMONIOSO Y SOSTENIBLE1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un desarrollo urbanístico ordenado que asegure una relación armoniosa entre el hábitat, los servicios públicos, los equipamientos, los espacios verdes y las estructuras destinadas a los usos colectivos.2. Las autoridades municipales ejecutan, con la participación de los ciudadanos y ciudadanas, una planificación y una gestión urbanas que logran el equilibrio entre el urbanismo y el medio ambiente.3. En este marco, se comprometen a respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico de las ciudades y a promover la rehabilitación y la reutilización del patrimonio construido, para reducir las necesidades de nuevas construcciones y su impacto sobre el territorio.
Art. XX - DERECHO A LA CIRCULACIÓN Y A LA TRANQUILIDAD EN LA CIUDAD1. Las autoridades locales reconocen el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disponer de medios de transporte compatibles con la tranquilidad en la ciudad. Con este fin, favorecen transportes públicos accesibles a todas las personas siguiendo un plan de desplazamientos urbanos e interurbanos. Controlan el tránsito automovilístico y aseguran su fluidez respetando el medio ambiente.2. El municipio controla estrictamente la emisión de cualquier tipo de ruidos y vibraciones. Define las áreas reservadas a los peatones de manera permanente o en ciertos momentos del día y fomenta el uso de los vehículos no contaminantes.3. Las ciudades signatarias se comprometen a asignar los recursos necesarios para hacer efectivos dichos derechos, recurriendo, en caso de necesidad, a formas de colaboración económica entre entidades públicas, sociedades privadas y la sociedad civil.
Art. XXI - DERECHO AL OCIO1. Las autoridades municipales reconocen el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disponer de tiempo libre.2. Las autoridades municipales garantizan la existencia de espacios lúdicos de calidad abiertos a todos los niños y niñas sin discriminación alguna.3. Las autoridades municipales facilitan la participación activa en el deporte y hacen posible que las instalaciones necesarias para la práctica deportiva estén a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas.4. Les autoridades municipales fomentan un turismo sostenible y velan por el equilibrio entre la actividad y el rendimiento turístico de la ciudad y el bienestar social y medioambiental de los ciudadanos y ciudadanas.
Art. XXII - DERECHOS DE LOS CONSUMIDORESDentro de los límites de sus competencias, las ciudades velan por la protección de los consumidores. Para ello, y en lo que se refiere a los productos alimenticios, garantizan o hacen garantizar el control de los pesos y medidas, de la calidad, de la composición de los productos y la exactitud de las informaciones, así como los períodos de caducidad de los alimentos.

PARTE IV
DERECHOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA LOCAL
Art. XXIII - EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS1. Las autoridades locales aseguran la eficacia de los servicios públicos y su adaptación a las necesidades de los usuarios y velan para evitar cualquier situación de discriminación o de abuso.2. Las administraciones locales se dotarán de instrumentos de evaluación de su acción municipal y tendrán en cuenta los resultados de dicha evaluación.
Art. XXIV - PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA1. Las ciudades signatarias garantizan la transparencia de la actividad administrativa. Los ciudadanos y ciudadanas deben poder conocer sus derechos y sus obligaciones políticas y administrativas a través de la publicidad de las normas municipales, las cuales deben ser comprensibles y actualizadas de forma periódica.2. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a tener una copia de los actos administrativos de la administración local que les conciernen, excepto si existen obstáculos de interés público o relacionados con el derecho a la intimidad de terceras personas.3. La obligación de transparencia, publicidad, imparcialidad y de no discriminación de la acción de los poderes municipales se aplica a: la conclusión de los contratos municipales en aplicación de una gestión rigurosa del gasto municipal; la selección de funcionarios, empleados y trabajadores municipales en el marco de los principios de mérito y competencia.4. Las autoridades locales garantizan la transparencia y el control riguroso del uso de los fondos públicos.

PARTE V
MECANISMOS DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PROXIMIDAD
Art. XXV - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LOCAL1. Las ciudades signatarias desarrollan políticas destinadas a mejorar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas al Derecho y a la Justicia.2. Las ciudades signatarias fomentan la solución extrajudicial de los conflictos civiles, penales, administrativos y laborales, mediante la implantación de mecanismos públicos de conciliación, transacción, mediación y arbitraje.3. En su caso, la justicia municipal, ejercida por jueces de paz independientes - hombres de bien - elegidos por los ciudadanos y ciudadanas o por los gobiernos locales, tiene competencia para resolver en equidad los conflictos que oponen a los ciudadanos y ciudadanas y la administración municipal y que presentan carácter de recurso.
Art. XXVI - POLICÍA DE PROXIMIDADLas ciudades signatarias fomentan el desarrollo de cuerpos de policía de proximidad altamente cualificados, con misiones de "agentes de seguridad y convivencia". Dichos agentes aplican políticas preventivas contra los delitos y actúan como una policía de educación cívica.
Art. XXVII - MECANISMOS DE PREVENCIÓN1. Las ciudades signatarias implantan en su territorio mecanismos preventivos: mediadores sociales o de barrio, en particular en las zonas más vulnerables; Ombudsman municipal o Defensor del pueblo, como institución independiente e imparcial.2. Para facilitar el ejercicio de los derechos incluidos en esta Carta y someter al control de la población el estado de su concreción, cada ciudad signataria crea una comisión de alerta compuesta por ciudadanos y ciudadanas, encargada de la evaluación de la aplicación de la Carta.
Art. XXVIII - MECANISMOS FISCALES Y PRESUPUESTARIOS1. Las ciudades signatarias se comprometen a establecer sus presupuestos de manera que las previsiones de los ingresos y de los gastos permitan hacer efectivos los derechos enunciados en esta Carta. Para ello, pueden implantar un sistema de "presupuesto participativo". La comunidad de los ciudadanos y ciudadanas, organizada en asambleas por barrios o sectores, o incluso por asociaciones, podrá expresar de este modo su opinión sobre la financiación de las medidas necesarias para la realización de dichos derechos.2. Las ciudades signatarias se comprometen, en aras al respeto de la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas ante las cargas públicas, a no permitir que las zonas o las actividades que se hallan bajo su competencia escapen a la legalidad en materia social, fiscal, ambiental o de cualquier otra índole; y actúan de manera que las zonas de excepción a la legalidad desaparezcan allí donde existen.

DISPOSICIÓN FINAL
VALOR JURÍDICO DE LA CARTA Y MECANISMOS PARA SU APLICACIÓN
1. Una vez adoptada, esta Carta quedará abierta a la firma individualizada de todas las ciudades que se adhieran a este compromiso.
2. Las ciudades signatarias incorporan al ordenamiento local los principios y normas así como los mecanismos de garantía contemplados en esta Carta y la mencionan explícitamente en los fundamentos jurídicos de los actos municipales.
3. Las ciudades signatarias reconocen el carácter de derecho imperativo general de los derechos enunciados en esta Carta y se comprometen a rechazar o a denunciar cualquier acto jurídico, y en particular todo contrato municipal, cuyas consecuencias fueran un obstáculo a los derechos reconocidos o fueran contrarias a su realización, y a actuar de tal modo que los demás sujetos de derecho reconozcan también el valor jurídico superior de dichos derechos.
4. Las ciudades signatarias se comprometen a reconocer esta Carta mediante su mención expresa en todas las ordenanzas y reglamentos municipales, como primera regla jurídica vinculante de la ciudad.
5. Las ciudades signatarias se comprometen a crear una comisión encargada de establecer, cada dos años, una evaluación de la aplicación de los derechos reconocidos por la presente Carta, y a hacer pública dicha evaluación.
6. La Reunión de la Conferencia Ciudades por los Derechos Humanos, constituida como asamblea plenaria de las ciudades signatarias, decidirá implantar un mecanismo de seguimiento apropiado para verificar la recepción y el cumplimiento de esta Carta por las ciudades signatarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA RIMERA
Las ciudades signatarias se comprometen a actuar ante sus Estados a fin de que las legislaciones nacionales de éstos permitan la participación de los ciudadanos y ciudadanas residentes no nacionales en las elecciones municipales, tal y como queda expresado en el Artículo VIII.2 de la presente Carta.
SEGUNDA
Con el fin de permitir el control jurisdiccional de los derechos contenidos en esta Carta, las ciudades signatarias se comprometen a solicitar a sus Estados y a la Unión Europea que completen las declaraciones constitucionales de los Derechos Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos.
TERCERA
Las ciudades signatarias elaborarán y ejecutarán Programas Agenda 21, en aplicación de los acuerdos adoptados en la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se celebró en Río de Janeiro en 1992.
CUARTA
En caso de conflicto armado, las ciudades signatarias velarán por el mantenimiento del gobierno de la municipalidad en el respeto a los derechos proclamados en esta Carta.
QUINTALa firma del representante de la ciudad presente el dieciocho de Mayo de 2000 en Saint-Denis está sujeta a su ratificación por el Pleno Municipal que podrá establecer las reservas al texto del articulado que considere adecuadas.
Firmado en Saint-Denis, el 18 de mao de 2000.

Más información: http://www.idhc.org/esp/151_carta.asp

¿PARA QUÉ SIRVE LA LEY DE PARTIDOS?

Con este post recupero una reflexión que realizamos un grupo de compañeros/as de facultad sobre esta cuestión, recuerdo que incluso participamos en un programa de Catalunya ràdio en el cual se nos preguntaba que pensábamos de la ley. Recuerdo que todos creíamos que era una barbaridad hacer una ley para solucionar un problema coyuntural o excepcional. Con todo esto no pretendo decir que no es necesario que haya una ley orgánica de partidos políticos, creo que una sociedad avanzada debería poder tener un instrumento de estas características para defenderse de opciones totalitaria i que manifiestamente están en contra de los Derechos Humanos y de las libertades colectivas. No obstante, cabe contextualizar que la citada ley se nos vende como el instrumento que sacará a ETA de las instituciones, por tanto no obedece a un posicionamiento estratégico de la sociedad, sino que más bien táctico.

En aquellas fechas, recuerdo como teorizábamos sobre la necesidad de aplicar el código penal para castigar aquellas conductas que fueran delictivas, si Batasuna era ETA pues era una organización criminal y, por tanto, han de ser los jueces los que determinen la criminalidad de sus acciones, incluso alguno de nosotros se atrevía a ironizar con la falta de iniciativa de los jueces para aplicar el código penal en este sentido.

Si no me falla la memoria, durante el proceso de aprobación de la ley, el juez Garzón inició un proceso penal contra Batasuna que, como en estas fechas, nos daba la razón a aquellos que creíamos que esta era la vía y no la de la ley de partidos. Porque la sorpresa es aún más importante cuando ves la cantidad de partidos que se presentan a las elecciones que no cumplen el famosos artículo 9 de la ley pero que nadie menciona y que nadie insta a la ilegalización. O es que la justificación del holocausto, la xenofobia y el fascismo no es ir en contra de la ley de partidos.

Reflexionemos sobre la ley de partidos y sobre como la estamos aplicando. No podemos construir las leyes en función de nuestros problemas coyunturales y más cuando estamos hablando de la leyes que afectan a la base del estado democrática y, sobretodo, no utilicemos estos instrumentos para luchar en un campo donde el estado ya tiene otros mucho más eficaces y más adecuados.

Ley de partidos

http://www.gencat.net/governacio-ap/eleccions/NORMATIVA_GENERAL/BOE_154_LO62002_DG.pdf

Candidaturas presentadas

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/06/pdfs/A06565-06716.pdf

¿QUÉ MODELO POLICIAL NECESITAMOS?

De todos es sabida la complejidad del Estado español, sobretodo con el desarrollo del Estado de las Autonomías que ha supuesto una descentralización administrativa importantísima y acercar las decisiones políticas a los ciudadanos. Además de recuperar instituciones de autogobierno como es el caso de la Generalitat de Catalunya.

En relación con la seguridad disponemos de policías autonómicas que son ya policías integrales y ordinarias en sus respectivos territorios Euskadi, Catalunya y Navarra. Pero no podemos descartar la creación de nuevos cuerpos de seguridad a nivel autonómico, de hecho hay muchas autonomías que prevén esta posibilidad en sus estatutos.

No obstante, no nos encontramos sólo con la dificultad de las policías autonómicas, sino que en España conviven casi 2.000 cuerpos de Policía Local (de ámbito municipal) que cada vez más desarrollan una actividad de protección de la seguridad ciudadana, además contamos con el servicio de vigilancia aduanera que depende del Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Agencia Estatal de Administración tributaria. Esto se complica un poco más cuando a nivel estatal tenemos dos cuerpos con muchas funciones compartidas (cabe decir que la creación de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil es un paso muy positivo).

Por tanto, tenemos tres niveles de policías en Euskadi, Catalunya y Navarra y dos niveles en el resto de España, lo que nos da un modelo asimétrico que además puede variar en los próximos años, pero esto no puede ser un problema cuando estamos hablando del ejercicio de los derechos y de la libertades públicas de los ciudadanos, sino que tiene que obligarnos a reflexionar para hacer compatible esta realidad con la necesaria eficiencia policial que necesitamos.

Es necesario avanzar en la colaboración policial, en la integración de la policía local en los sistemas de información estatal, en el reconocimiento de las policías autonómicas a nivel interno e internacional y en definitiva, simplificar los procedimientos para que se garantice la prestación de un servicio de seguridad de calidad a los ciudadanos y las ciudadanas.

Con este artículo no he pretendido responder a la pregunta, sino aportar una pequeña reflexión y abrir el debate para poder reflexionar sobre esta importante cuestión

IMPORTANTES ACUERDOS DE LA JUNTA DE SEGURIDAD DE CATALUNYA

El ministro del Interior y el conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya formalizaron hoy el acuerdo que permitirá a la Generalitat asumir competencias ejecutivas en materia de seguridad privada, y cumplir así el artículo 163 del Estatut.

De esta forma, la Generalitat autorizará la actividad de las empresas de seguridad privada que tienen domicilio social en Catalunya y cuyo ámbito de actuación no ultrapase este territorio, inspeccionará y sancicionará las actividades de este ámbito que se realizan en Catalunya, autorizará los centros de formación, y promoverá coordinación de éstas con la Policia de Catalunya.

El convenio también incluye el compromiso del Ministerio del Interior de facilitar a la Generalitat el acceso al Registro General de Empresas de Seguridad, de Personal de Seguridad Privada y de Detectives Privados, dentro del objetivo de "máxima colaboración y coordinación" entre ambas administraciones.

La Junta de Seguridad también autorizó hoy a los Mossos d'Esquadra y a los funcionarios de prisiones de la Generalitat para introducir y modificar datos del fichero del Ministerio del Interior sobre violencia doméstica y de género, que se creó el pasado junio y que sirve para hacer seguimiento de los distintos casos de violencia machista. Este es el primer acuerdo de estas características del Ministerio con una Comunidad Autónoma y refuerza las políticas de cooperación y colaboración institucional necesarias para hacer frente a los nuevos retos en materia de seguridad, así como mejorar la “eficiencia policial” contra la violencia machista.

LA CARTA DE DERECHOS HUMANOS EMERGENTES

¿QUÉ ES?

La Carta de Derechos Humanos Emergentes (CDHE) se configura como un instrumento programático de la sociedad civil internacional dirigido a los actores estatales y a otros foros institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en el nuevo milenio.

Contempla dos tipos de derechos, los que han estado hasta ahora “sumergidos” y por lo tanto necesitan emerger y otros que hasta el momento no han sido contemplados ya que han surgido de las transformaciones en las sociedades que el cambio tecnológico y la globalización han comportado.No pretende negar ni descalificar la vigencia general de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino al contrario, actualizarla. Pretende complementar los derechos ya adquiridos desde una nueva perspectiva, la de la ciudadanía participativa.

La CDHE reconoce la complejidad de los derechos humanos en su doble dimensión de derecho simple y complejo. Pretende salir de la dicotomía histórica en la que se han dividido los derechos humanos: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. A la vez que pretende superar las contradicciones entre los derechos colectivos y los individuales.

ESTRUCTURA

La Carta de Derechos Humanos Emergentes tiene una estructura bastante singular para un texto de estas características. Contiene dos partes muy diferenciadas entre ellas.

En la primera parte se explica el marco general en el que encontramos una explicación sobre el porqué de esta Carta y una enumeración de valores y principios en los que está basada su redacción.

Uno de los puntos de partida de esta Carta es que los valores no son estáticos, en cada época tienen matices distintos y por este motivo es importante enumerarlos y definirlos. Estos son la dignidad, la vida, la igualdad, la solidaridad, la convivencia, la paz, la libertad y el conocimiento.

También se enumeran los principios en los que está basada y afirma que estos han de ser entendidos desde una perspectiva transversal. Así pues, estos son: el principio de la coherencia, de la horizontalidad, de la promoción de la multiculturalidad, de la solidaridad, de la participación política, de género, de la inclusión social, de la exigibilidad, de la no discriminación y de la seguridad humana.

La segunda parte de la CDHE está formada por el articulado que está estructurado a través de la división de los siguientes títulos:

Derecho a la Democracia igualitaria;
Derecho a la Democracia plural;
Derecho a la Democracia paritaria;
Derecho a la Democracia participativa;
Derecho a la Democracia solidaria;
Derecho a la Democracia garantista.

Para más informació i/o Adhesiones http://www.idhc.org/

EL 11 M

(publicado en "El Pais" 7 de noviembre de 2007
TRIBUNA: Las consecuencias del 11-M OLGA SÁNCHEZ )

Vocación por conocer la verdad

Una vez que finalice el plazo para recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, el trabajo realizado como fiscal por los atentados terroristas cometidos en Madrid y Leganés en 2004 habrá terminado para siempre. En el largo tiempo transcurrido desde aquel triste 11 de marzo de 2004, muchos acontecimientos, demasiados, han sucedido en la vida de España llenando de incertidumbre y desasosiego las vidas de los que sobrevivieron.

Las diferentes instituciones del Estado que hemos participado en la investigación de lo ocurrido (Juez Instructor, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Ministerio Fiscal) hemos soportado con mucho estoicismo el ataque virulento que diariamente se ha llevado a cabo por medios de comunicación de todos conocidos, que a la postre siempre obedecían intereses privados. Los ataques procedentes de algunos representantes de la soberanía popular o aspirantes a ello, democráticamente elegidos en las urnas, eran del todo punto inadmisibles.
Más allá de apoyar a las instituciones del Estado que trabajan por y para todos los españoles, estos representantes de la soberanía han tenido una visión minúscula y partidista de la labor que hemos realizado, con numerosísimas dificultades -que no es cuestión de enumerar en este momento-, en una soledad casi dañina, sin pensar nunca que nuestra única meta -el único fin de nuestro trabajo- era conocer la verdad judicial. No la política, periodística o mediática, que interesara a unos pocos, porque no es ése nuestro trabajo ni responsabilidad. Nuestro objetivo siempre fue recuperar la memoria de las personas que quedaron para siempre en el camino. Nuestro pensamiento siempre estuvo puesto en la cantidad de familias rotas por el dolor, su dolor.
Como en parte tuve ocasión de decir al final del juicio, la dignidad de los afectados y la memoria de las víctimas no han sido merecedoras del tratamiento dado en algunos medios de comunicación por personas que, a lo mejor, en su momento, pudieron aprobar la carrera de periodismo, pero que no tienen la altura y grandeza de una profesión tan importante en una sociedad democrática como la nuestra.
Estas personas han escrito o hablado a través del micrófono, sobre aspectos de la investigación que se pueden calificar de insultantemente espurios, con un interés crematístico ilimitado, con pretensiones de moralidad cuando ignoran el significado de esta palabra, con un desconocimiento preocupante de los datos jurídicos que alegremente utilizaron.
Son habladores o "plumillas de estómago agradecido" que han hecho bandera del insulto y la descalificación hacia algunos de los que hemos tenido el honor de servir a nuestros conciudadanos, todos funcionarios públicos, que desde aquel día hemos trabajado hasta el desvelo por y para la sociedad en general. Un día, aquel 11 de marzo, de gente abrumada y con una pena infinita por la masacre que acababa de ocurrir, por el terror sin límites que se ensañó con los inocentes. Un día terrible de caos, de colapso circulatorio. Desde entonces hemos venido realizando nuestro trabajo de forma honesta.
Y ha sido una labor incesante, con demasiadas renuncias desde la comisión de aquellos hechos execrables, por nadie buscados (nadie de bien) y por todos encontrados de forma tremendamente abrupta.
Como dice nuestro refranero, que es muy sabio, la "ignorancia es muy atrevida y normalmente da la mano a la osadía", y se habla, opina, debate, discute y analiza con frecuencia de lo que se desconoce con una ligereza preocupante. Si bien, siguiendo con la sabiduría popular, "el tiempo pone a cada uno en su sitio, y da y quita razones". Véase el contenido y fallo de la sentencia n.º 65/07 de 31-10-07.
Ha sido algo absolutamente repugnante, nauseabundo y mezquino. En última instancia, la investigación de aquella atrocidad, penosa no sólo por la carga de trabajo sino emocional, ha servido para poder desentrañar parte de lo ocurrido y dar la respuesta correspondiente a la sociedad del trabajo que se realiza en los tribunales, aquí dentro -en estrados- y no fuera, en otras instancias. Y, sobre todo, ha sido una satisfacción trabajar y luchar con y por personas que merecen la pena, compartir con ellos buenos y malos momentos, aproximar la frialdad de nuestras togas -que muchos así perciben- a los perjudicados-afectados-víctimas... Intentar explicarles, de la manera más sencilla, que a las personas hoy condenadas que cometieron y participaron en aquella felonía, se les exigen las responsabilidades correspondientes establecidas en nuestra legislación, sin venganza, sólo y únicamente con la aplicación estricta de la ley, aprobada democráticamente por los representantes en nuestro Parlamento. Ésa es nuestra diferencia y nuestra grandeza; pero sobre todo, y como ya dije al finalizar mi exposición en el juicio, transmitir a cada uno de los familiares de los fallecidos "que sus seres queridos, los que se fueron, no morirán del todo mientras los tengamos en nuestros corazones y no los olvidemos". Desde la pequeña Patricia Rzaska hasta el más veterano de los fallecidos, don Rafael Serrano López. Y al resto de los afectados -heridos no sólo en el alma, todavía hoy aquejados de secuelas tan terribles- decirles que seguiremos con ellos en su recuperación física y anímica. Es hora, finalmente, de que el respeto y la tolerancia, base de nuestra convivencia, se instalen para siempre entre todos los españoles. Probablemente con ello se eviten otras agresiones.
Nuestro trabajo (el del juez, la Policía, la Guardia Civil, los funcionarios del juzgado), mi trabajo, vocacional, siempre merecerá la pena, aunque ni siquiera, ante tanto exabrupto, nuestros propios compañeros -en mi caso sólo de escalafón-, algunos asociados, se hayan acordado de nosotros.

¿MÁS SEGURIDAD O MÁS LIBERTAD?

Esta pregunta que podría parecer un poco absurda hace unos años es ahora una de las cuestiones que están en la mayoría de debates a nivel global. Nuestra sociedad ha avanzado en seguridad a medida que avanzaba en libertad, claro que a veces los que tenían que generar seguridad eran los que generaban inseguridad.

¿Pero dónde estamos ahora? Nos encontramos en una sociedad con miedo al otro en la cual los discursos de nosotros y los otros están son frecuentes en cualquier tertulia ciudadana, donde no nos importa ceder un poco de libertad a cambio de mayor seguridad. ¿Pero es necesario? Yo creo que no.

Podemos ver como proliferan los circuitos cerrados de televisión en el centro de las ciudades con el pretexto que son un elemento preventivo, ¿para quién?. No estamos en unos índices de inseguridad que requieran, de forma generalizada, esta iniciativa, aunque reconozco que puntualmente pueden ser útiles. No obstante, estamos dispuestos a estar controlados en plan gran hermano, o no lo estamos, esta debe ser la cuestión y yo tengo claro que mejor no.

SALVEM MONTSERRAT

La marea de l'especulació urbanística ja ha arribat a la muntanya de Montserrat, símbol de la naturalesa i la cultura del nostre país. A Collbató, als peus de la muntanya, l'Ajuntament ha aprovat la requalificació de 21 hectàrees de sòl agrícola per construir-hi un gran polígon amb més de 140 naus industrials que podran acollir activitats altament contaminants. Tot això, en uns terrenys que limiten amb el parc natural de Montserrat i la zona d'especial protecció de les aus (ZEPA) Roques Blanques-Montserrat-Llobregat de la Xarxa Natura 2000. Tot per satisfer la voracitat financera dels empresaris 'amics del Partit'. A Collbató, poble de 3.500 habitants, ja s'han recollit més de 1.200 al·legacions contra el projecte de zona industrial. Diverses entitats han posat en marxa la recollida electrònica de signatures per mostrar el nostre desacord amb una especulació que atempta contra un patrimoni que és de tots. Si t'estimes Montserrat, si creus que el futur no és destruir el territori, fes clic a l'enllaç, signa amb nosaltres i envia-ho als teus amics/amigues i familiars. Són 20 segons. Gràcies.

http://correo2.terra.es/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=terra.es&u=perics&url=http://www.infomontserrat.com/salvemmontserrat&urlHash=-2.793947920230577E21

ACIERTOS EN COOPERACIÓN

Os recomiendo la lectura de este artículo publicado hoy mismo en el diario La Vanguardia por GERMÀ BEL, catedrático de Economía Aplicada (UB).

ACIERTOS EN COOPERACIÓN
Germà Bel

Algunas de las iniciativas más ambiciosas de la política exterior española han suscitado controversia respecto a sus efectos prácticos. Sin embargo, otras iniciativas concitan menor atención pública y están teniendo un impacto muy positivo. En el terreno de la cooperación internacional destacan dos programas que están dando ya sus primeros frutos, o los van a dar en el futuro próximo: la iniciativa relativa a la inmigración de trabajadores procedentes de África, y el programa conjunto entre el Gobierno de España y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para impulsar los objetivos de desarrollo del Milenio.Este año han comenzado a llegar los primeros trabajadores contratados a través del programa de los gobiernos de España y de Senegal, cuyo objetivo principal es formar in situ a trabajadores que después son contratados por empresas españolas. Este mismo verano, el ministro de Trabajo ha firmado acuerdos de cooperación co n Mali, Mauritania y Gambia. En general, en ellos se establecen programas de formación y de contratación formal, así como la disponibilidad de los gobiernos africanos para aceptar la repatriación de inmigrantes ilegales.Suplir la escasez de mano de obra interna ha sido y es un requisito ineludible para mantener el crecimiento económico en España. Esta situación, mucho más que ningún otro factor, es lo que ha generado el "efecto llamada", que acentúa los flujos migratorios desordenados. La iniciativa africana del Gobierno consigue introducir orden y calidad de proceso en los flujos del África subsahariana. Uno de los efectos ya patentes de la cooperación (junto con otros factores como la mejora de la vigilancia marítima) ha sido ayudar a reducir el flujo de inmigración ilegal hacia las islas Canarias. El responsable especial de las Naciones Unidas para migraciones ha calificado la política española de muy innovadora y de "pionera", aventurando que será seguida por otros países europeos. Y el eco que han hecho medios influyentes como The International Herald Tribune ha amplificado su impacto internacional.Por otra parte, hay que destacar también el programa conjunto Gobierno de España-PNUD para el estímulo al desarrollo, otado con 528 millones de euros para financiar proyectos de tres años. Estos proyectos serán aplicados por equipos de las Naciones Unidas en países en vías de desarrollo, en el caso de las propuestas que superen los procesos de evaluación, aún en curso. Muchos países de América Latina y África podrán beneficiarse de proyectos dirigidos a mejorar la gobernanza democrática y la puesta en marcha de iniciativas de desarrollo social y económico local sostenibles en el tiempo. Este programa permitirá singularizar e identificar mejor la cooperación española en países y regiones que nos son muy sensibles, con el consiguiente impacto positivo.El flujo desordenado de migraciones ha sido, y aún es, uno de los elementos que más preocup ación y problemas humanitarios han desencadenado en los últimos años. Ordenar la migración laboral y mejorar la capacidad de desarrollo y de creación de empleo en los países de origen (lo que va muy ligado a las mejoras de la gobernanza democrática) son objetivos de primera magnitud para una política de cooperación internacional moderna e inteligente. Y, como suele suceder, aquello que está bien hecho da buenos frutos.GERMÀ BEL, catedrático de Economía Aplicada (UB).
5/9/2007

JUGANDO A SER MOSSO

Artículo publicado el día 17-08-2007 en el Periódico de Catalunya, interesante iniciativa de los Mossos d'Esquadra.


Contra el incivismo, pedagogía. Bajo ese axioma, los Mossos d'Esquadra se sumaron ayer al programa de actos de las fiestas de Gràcia mostrando una imagen muy diferente a la habitual de estos días en el barrio, trasnochando con los bongoseros o patrullando por las calles y plazas.La iniciativa, solicitada por algunos integrantes de la federación vecinal que organiza la celebración, se estrena este año y se centra en la celebración de talleres lúdicos y educativos sobre la policía dirigidos a niños --como los tradicionales en el Saló de la Infància-- y distribuidos por ocho espacios diferentes de la fiesta.Los talleres los coordina la comisaría del distrito, la misma que vela por la seguridad diurna de los festejos, con el fin último de ofrecer a los ciudadanos una imagen más próxima del cuerpo. Un objetivo que en Gràcia, tras los actos vandálicos de los últimos años y las críticas a la actuación de las fuerzas de seguridad, adquiere una especial significación.La calle de Berga"Este tipo de actividades, que realizamos de forma regular en el barrio y en el resto de Barcelona desde el despliegue completo en la ciudad, nos permiten trabajar fuera de la faceta estrictamente policial y de la seguridad", explicó Cristina Manresa, inspectora jefe de la comisaría de Gràcia.Según Manresa, la idea la propuso en el 2006 la comisión de fiestas de la calle de Berga y cuando este año se reunieron con la federación para hablar del operativo policial previsto volvió a salir a colación. A la de Berga se unieron siete comisiones más, por cuyos espacios engalanados pasará hasta el domingo la comitiva de talleres de los Mossos.La plaza del Raspall fue la sede del estreno, a la que se unió la comisión de la vecina plaza del Poble Romaní, gestionada por la Unió Gitana de Gràcia. "Nos parece una buena idea que los mossos se integren en el programa de actos, sobre todo después de los últimos acontecimientos", aseguró Ricardo Blasco, presidente de esta entidad, que vuelve a las fiestas tras cinco años de ausencia obligada por las obras realizadas en la plaza.Ajenos a cualquier polémica, los niños se lo pasaron en grande y participaron activamente en los talleres, entre los que destacó uno que recrea el trabajo de la brigada científica, con impresión de huellas dactilares incluida. El Grup de Muntanya, recién llegado de los Pirineos, montó con varias cuerdas un puente tibetano en el que los más pequeños recibieron primeras nociones de alpinismo.Visita a coches patrullaTampoco faltó la típica visita de los niños a coches y motos de patrulla y actividades específicas para los menores de 3 años. Los participantes se llevaron de recuerdo a casa chapas troqueladas con el escudo del cuerpo, pins, llaveros y dípticos informativos sobre seguridad y prevención, e incluso de acceso a la policía autonómica. La cantera, hay que cuidarla.

SEGURIDAD Y DEMOCRACIA

La seguridad de las personas y en especial, la percepción de ella que tiene la ciudadanía, constituyen hoy en día, factores principales del mayor o menor grado de satisfacción, credibilidad y/o adhesión de las poblaciones a la Democracia. El respeto a la legalidad, al debido proceso y a todos los derechos humanos, son los tres pilares del Estado de Derecho Democrático Contemporáneo. Cuando la ciudadanía percibe su ausencia o insuficiencia, la realidad y el entorno social cotidianos se viven como una amenaza; el temor y el miedo se convierten en elementos de aislamiento y desolidarización; la noción y la práctica de lo comunitario y del proyecto nacional, compartido con otros, se pierden. La convivencia pacífica basada en el respeto y cumplimiento por todos de las obligaciones y derechos recíprocos y en la seguridad de que los infractores serán debida y legalmente sancionados; la seguridad pública, valorada y protegida como un derecho y una obligación principal para el Estado, sus instituciones, políticas y programas; la seguridad ciudadana como un asunto de interés público, es decir, de interés y de participación activa para todos los sectores de la sociedad. Estos son pilares fundamentales de la Democracia y del Estado de Derecho.

La Seguridad Ciudadana, se constituye así en elemento esencial de la vida social en democracia y en indicador importante de la gobernabilidad democrática.